Los directores de las escuelas de la provincia de Buenos Aires deberán denunciar a la Policía situaciones de conflicto graves en los establecimientos escolares que dirigen, que vulnere los derechos de los alumnos o configuren delitos dentro de la institución, informó la cartera educativa del gobierno provincial.
En el caso de amenazas de bomba, esta denuncia "le permitirá a la Dirección de Escuelas actuar como querellante en la investigación judicial que se lleve adelante para detectar los autores de la amenaza", explicó el vocero. Y agregó: "Antes la denuncia se realizaba en el 911 y el director de la escuela ponía en marcha un protocolo de evacuación del colegio".
En los últimos 30 días, la línea telefónica 911 recibió 995 denuncias por amenazas de bomba en distintos establecimientos escolares y sólo una fue real, la granada encontrada en el Nacional de Adrogué el viernes pasado. Por ello "la Dirección General de Cultura de Educación de la provincia de Buenos Aires estableció un protocolo de actuación ante situaciones de conflicto que afecten a las escuelas", explicó el organismo en un comunicado.
"El objetivo es tener un rol activo ante este tipo de hechos para que la cartera educativa pueda ser admitida por la Justicia como particular damnificado. De esta forma el Ministerio puede aportar y contribuir con la Justicia", explicó el organismo.
El protocolo establece que al tomar conocimiento las autoridades educativas a cargo del establecimiento del hecho, "deberán formular de inmediato la denuncia en la aplicación "provincia seguridad", en cualquier dispositivo de acceso a la web. En las 48 horas siguientes, deberá ratificar la denuncia formulada ante la Fiscalía de turno".
Además deberán "formular la denuncia ante la Fiscalía de turno o la Policía, comunicar en forma inmediata al inspector y en el caso de las escuelas de gestión privada, esa comunicación se hará al Inspector Jefe de Región de Gestión Privada".
Luego, el inspector lo informará a la Dirección Legal y Técnica del Ministerio quien lo comunicará a la Fiscalìa, para que la Dirección de Escuelas pueda "presentar a la Fiscalía su colaboración para resolver el caso".
Con estos pasos la Dirección de Escuelas podrá presentarse como particular damnificado en la investigación, aportar pruebas y, en caso de que el culpable sea un alumno, aplicarle la sanción administrativa correspondiente.