En el marco de la estafa que se investiga contra IOMA a través de una red que falsificaba internaciones domiciliarios y estaba integrada por funcionarios, empresarios y representantes gremiales, el asesor general del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo López Mesa, informó que el monto de la defraudación al Estado superaría los 1.000 millones de pesos.
El dictamen de la Asesoría obligó a IOMA, además de suspender a seis funcionarios de alto rango, a interrumpir inmediatamente los pagos a las cinco empresas mencionadas en el expediente, y dejó abierta la puerta para aportar más información a la fiscalía sobre otras cuya operatoria es similar al detectado en este circuito de corrupción. De la interpretación de las normas vigentes surge que es lícito avanzar sobre empresas que no están mencionadas en el expediente judicial, si la operatoria de la misma pertenece a una matriz operativa similar.
Según trascendió de fuentes oficiales, la próxima semana habrá novedades en el expediente que tramita el fiscal Álvaro Garganta a partir de la denuncia de la diputada Elisa Carrió.
De acuerdo con lo señalado en la denuncia, la operatoria se habría realizado desde septiembre de 2010 hasta la actualidad, y de ella participarían el ex presidente del IOMA, Antonio Atilio La Scaleia; el actual titular de la obra social, Sergio Daniel Cassinotti; y el director contador de la Dirección General de Administración, Víctor Hugo López Monti.
Además, los denunciantes remarcaron que los sanatorios que trabajan con la obra social de los empleados estatales bonaerenses en lugar de recibir el pago por sus servicios directamente del IOMA lo hacen a través de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos Aires, (Fecliba) y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Buenos Aires (Acliba).
La medida suspensiva comprende a Diego Osvaldo Giovanetti, actual subdirector de finanzas el organismo, cargo que ocupaba desde la administración de Daniel Scioli, cuando se habría producido la estafa, una operatoria ilegal por la cual el fiscal platense Álvaro Garganta procesó a 18 personas, entre ellas de ex director, Antonio La Scaleia. Según se dio a conocer, Vidal también desplazó a los empleados del organismo Romero Pelayo Aner, María Cecilia Passo, María Soledad Cascallares, Sandra Sabbatini y María Celeste Celle, quienes cumplen funciones en el área de Internaciones Domiciliarias, que la Justicia sospecha se creó específicamente para llevar adelante este fraude.