Del diagnóstico surge que en las 55 unidades bonaerenses hay 26 mil plazas y 33.077 internos alojados, con lo cual hay un "excedente" de más de 6 mil internos. Además hay 2.310 presos en comisarías y 1.218 con monitoreo electrónico. La situación se agrava si se considera que anualmente se suman 2 mil reclusos al sistema, que tiene una tasa de recambio de 600.
Hay datos escalofriantes: No hay candados suficientes para el cierre de rejas, puertas y portones, y los agentes no poseían los insumos mínimos para cumplir sus funciones y proteger su seguridad personal.
Además, como el 80% del parque automotor está fuera de servicio, se producen demoras de entre 3 y 4 meses para efectivizar un traslado, recepción de Hábeas Corpus, inconvenientes de conducta entre los internos y denuncias a los Directores de la Unidades por "Desobediencia".
Tampoco hay control sobre la conducta de los penitenciarios: en todo el 2015 Asuntos Internos dictó sólo cuatro expulsiones en un universo de más de 20 mil agentes, y no se realizaban auditorías de oficio ni acciones conjuntas con el Poder Judicial ni había interacción con los organismos de Derechos Humanos.