Tras la notificación del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) a las Cooperativas eléctricas para acatar el fallo judicial del juez Luis Arias, que congela el aumento de tarifas y retrotrae los valores a febrero de 2016, integrantes de Coopelectric brindaron una conferencia de prensa y analizaron el impacto de la medida en el funcionamiento de la distribuidora de energía.
La conferencia fue encabezada por los integrantes del Consejo de administración de Coopelectric, Carlos Díaz, el encargado de la Coordinación Ejecutiva del Consejo, Oscar López y al asesor legal, Adolfo Rocha Campos (h).
En el inicio del diálogo con los medios, Carlos Díaz manifestó su "preocupación por la suspensión tarifaria debido a un amparo del juez Arias".
Advirtió que "el movimiento cooperativo no quiere aumento ni lo propiciamos" pero se refirió a las consecuencias derivadas con el congelamiento tarifario: "En este nuevo esquema tarifario que el Gobierno nacional nos vende la energía a las distribuidoras a través de la empresa Camesa aumentó en una proporción importantísima. Nosotros pagábamos 3 millones y vamos a pagar 9 millones de pesos" dijo.
En este sentido, agregó: "Las grandes distribuidoras les han comunicado a Camesa que no le van a pagar el incremento de la energía pero estás trasgrediendo normas. No es fácil. Vienen las multas, los embargos y esto es una empresa social".
Para el representante de la Cooperativa "Hay un juez que nos obliga a congelar las tarifas a los valores de febrero y como vamos a hacer frente a esa erogación si no podemos hacer ningún retoque tarifario. ¿Cómo vamos a hacer frente al mantenimiento del sistema eléctrico del Partido? ¿ A los gastos de la empresa, los sueldos?. Esa es la gran preocupación" remarcó Díaz.
"Estamos a la deriva de una decisión judicial que realmente no tiene fundamento. La medida es contra el Gobierno provincial pero indirectamente somos los perjudicados" puntualizó.
"De persistir esta medida las cooperativas eléctricas son inviables. Vamos a tener muchos problemas de funcionamiento y algunas van a dejar de funcionar"
Incluso manifestó que con el fallo de Arias "vuelve todo para atrás y se vuelve a aplicar la cuota capital. Los doce mil socios de la Cooperativa que tenían la Tarifa Social y que iban a pagar menos de lo que estaban pagando en febrero todo eso queda en la nada. Se pierden las tarifas de interés social. El juez Arias no lo ha tenido en cuenta" comentó.
Finalmente cuestionó las motivaciones del Juez Arias: "¿no será un objetivo político? En definitiva el sistema eléctrico de la Provincia está en riego y puede ser que la provincia tenga que salir a subsidiar el tema energético y quedar desfinanciada" lanzó.
"La audiencia pública no es obligatoria ni vinculante"
Por su parte, el asesor legal de Coopelectric, Adolfo Rocha Campos confirmó la apelación por parte de las Cooperativas y dio detalles de los fundamentos de la presentación.
"Las Cooperativas de APEBA han apelado en conjunto la medida del juez Arias. Presentan hoy un recurso en La Plata. Los argumentos son los siguientes. En primer lugar, se considera que el juez Arias no es competente para resolver lo que resolvió. Se arrogó competencias en una causa que no fue sorteada sino que llegó porque el Colectivo de Acción en la Subalternidad invocaba que esa causa tenía conexidad con otras anteriores. Nosotros creemos que no hubo conexión y no pudo conocer el expediente".
El letrado recordó que el argumento básico "es que no se convocó a una audiencia previa al aumento" y "en realidad el sistema de audiencias públicas en el sistema eléctrico de la Provincia de Buenos Aires no está previsto ni en forma obligatoria ni facultativa. Todos los aumentos dictados en Provincia no han tenido audiencia previa ni siquiera el esquema tarifario al que el juez Arias está obligando a refacturar" sostuvo.
Incluso dijo: "si se considera que hay que llamar a audiencia tampoco es vinculante. En realidad no hay pruebas que de haberse cumplido el procedimiento el aumento hubiera sido diferente" remarcó.
No es obligatoria ni vinculante por lo que no tiene incidencia en el aumento.
Entre otro de los argumentos, Rocha Campos enumeró: "Hay una afectación al orden público que es nada más y nada menos que poner en riesgo a todo el sistema eléctrico de la Provincia y afectar el servicio para los usuarios".
Informó que la apelación "se presenta ante el mismo Juzgado- el juez Arias- y después el Juzgado tiene la obligación de elevar los recursos ante la Cámara de Apelaciones que será quien se expida".
Respectos a los tiempos resolutivos consideró: "Es difícil de predecir. Todas las partes han apelado hasta la provincia. Si la Cámara analiza las cuestiones formales está en condiciones de resolver rápidamente (competencia del juez Arias) o como funciona el recurso de apelación de las partes (si considera que es una cautelar la apelación no suspende el efecto de la medida pero si interpreta que Arias dictó una sentencia el recurso de apelación tiene efecto suspensivo).
En cambio, si la Cámara de Apelaciones se centra en el tema de fondo "si era o no necesaria la convocatoria a una audiencia pública o si hay o no afectación al orden público lo puede hacer pero en un plazo más profundo" esgrimió.
"El juez Arías nunca dice nada sobre el monto, la magnitud del aumento o la racionalidad de la tarifa. Dice yo interpreto que se ha obviado un paso previo que es la audiencia pública" concluyó.