Según un informe presentado por la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, durante el año pasado se registraron 98 muertes por femicidio, en su mayoría jóvenes de 21 a 30 años.
Los datos expuestos por el organismo judicial señalan que a partir de dichos asesinatos se realizaron 108 imputaciones, donde el 36% de los implicados tiene entre 18 y 30 años.
En tanto, el 69,4% de los acusados eran parejas de las víctimas, otros eran familiares o conocidos y sólo el 1,1% eran extraños. De las 746.687 causas penales iniciadas el año pasado, 67.685 fueron por violencia familiar o de género, es decir el 9,1 por ciento, según el trabajo de la Procuración.
Cabe mencionar que la Procuración había emitido un informe preeliminar semanas atrás, que finalmente fue confirmado en las últimas horas.
El informe fue enviado por la procuradora de la Suprema Corte de Justicia, María del Carmen Falbo, al senador provincial olavarriense Héctor Vitale, quien presentó un proyecto que propone la creación de un registro de femicidios provincial en consonancia con el que desarrolla la Corte Suprema de la Nación.
Si bien el organismo aclaró que esta información es preliminar, dado que el análisis de homicidios dolosos consumados "se encuentra en proceso de elaboración", hubo al menos un femicidio en todos los departamentos judiciales a excepción de Bahía Blanca, donde, curiosamente, no se registró ninguno.
Lomas de Zamora, con 16 asesinatos de mujeres, encabeza la trágica nómina seguido de la La Matanza, con 12; San Martín, con 11; Mar del Plata y La Plata, con 9 y San Isidro, con 8.
En el comunicado, Falbo manifestó que "con este trabajo estadístico buscamos realizar un aporte para contribuir en la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, visibilizando la magnitud y características de este delito que conmueve a nuestra comunidad y a las instituciones".
El senador provincial Vitale trabaja en un proyecto que contemple la elaboración anual de informes estadísticos por parte de la Suprema Corte de Justicia, que resulten de acceso público, y que permitan conocer, como mínimo, las características de quiénes ejercen o padecen violencia y sus modalidades.