Las denuncias por violencia familiar en sede policial crecieron 20% en 2015, al tiempo que se duplicaron en los últimos cuatro años las causas judiciales, según datos que se desprenden del monitoreo de "Políticas públicas y violencia de género 2014/15" que presentó la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El diagnóstico, elaborado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) sobre el modo en que se aborda la violencia de género en las instituciones bonaerenses, incluye propuestas para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, el funcionamiento de las dependencias policiales frente a las denuncias y las intervenciones judiciales luego de sucedidos los episodios.
"Nuestro diagnóstico pretende ser un aporte para definir un nuevo plan provincial integral contra la violencia de género, diseñar acciones eficaces y que se puedan sostener en el tiempo", sostuvo Marcelo Honores, secretario general a cargo de la Defensoría.
Honores hizo referencia al femicidio de Cintia Verónica Laudonio, ocurrido este domingo en Morón, y ratificó el compromiso de la Defensoría de "trabajar en la articulación con los otros organismos del Estado para erradicar la violencia contra las mujeres".
El trabajo del OVG señala que todos los años aumentan las denuncias en comisarías: en el 2015 hubo 197.037, un promedio de 535 denuncias por día, y en el 2014 fueron 162.204, un total de 445 por día.
Clasificadas aparte, durante el 2015 se recibieron 6.015 denuncias por abuso sexual en las comisarías de la Mujer y la familia.
En el ámbito judicial, explica el informe, las causas en el fuero de Familia se duplicaron del 2010 al 2014, y exceden la capacidad de respuesta de los juzgados, donde "es necesario fortalecer con recursos materiales, humanos y profesionales los equipos interdisciplinarios que funcionan en dichas oficinas".
En el fuero Penal, por otra parte, más del 80% de las causas judiciales por violencia en que las víctimas son mujeres son tipificadas como lesiones simples y amenazas. Las cifras de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense destacan que en el 2014 se archivaron 43.990 expedientes de esta naturaleza.
"El modelo de gestión provincial está concentrado en la denuncia, pero su crecimiento no fue acompañado por un sistema eficiente en términos de protección, contención y asistencia a las víctimas", subraya la coordinadora del OVG, Laurana Malacalza.
En este sentido, el OVG propuso la creación de nuevos juzgados de Familia en todos departamentos judiciales, que posibiliten mayor capacidad de recepción de causas por violencia familiar y la creación de al menos una unidad especializada en delitos de violencia contra las mujeres.
Por otra parte, la Defensoría planteó la posibilidad de crear un registro de actuaciones y notificaciones que permita mejorar la comunicación entre las fuerzas policiales y el Poder Judicial, y agilizar los tiempos desde que la mujer hace la denuncia hasta la implementación de medidas de protección para ella y sus familiares.
Dentro del paquete de medidas, se plantea la incorporación de un mapa que identifique las zonas donde existen medidas de protección, a fin de que el sistema 911 y las comisarías o la policía local tomen conocimiento de su existencia y garanticen su vigencia y cumplimiento.
"La correcta evaluación e identificación de las situaciones de riesgo de las víctimas, así como el establecimiento de intervenciones efectivas, son esenciales para prevenir modalidades de violencia extrema como el femicidio", explicó Malacalza.
Otros de los puntos señalados por el documento, es la inexistencia de representación jurídica gratuita de mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito penal provincial, quienes quedan por fuera del proceso, en un estado de indefensión frente a las distintas resoluciones que se van adoptando.
El exhaustivo análisis comprende además algunas críticas por la falta de adecuación de los cambios legislativos necesarios en la Provincia y la consecuente responsabilidad del Estado en la asistencia y acompañamiento a las víctimas en el acceso al empleo, a la vivienda y la salud.
En cuanto a la figura del femicidio, que el código penal incluyó en el 2012, el Observatorio plantea una cierta resistencia del Poder Judicial a investigar las causas bajo esa carátula.