La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó 37 domicilios de todo el país de la reconocida firma Sacoa por presunta evasión agravada, lavado de activos, insolvencia fiscal fraudulenta y asociación ilícita. Se estima que la evasión supera los 160 millones de pesos. Dentro del procedimiento, también se allanó el local de nuestra ciudad.
Por solicitud de la AFIP, la Justicia prohibió la salida del país de todos los involucrados en las maniobras y se libraron exhortos internacionales. Los allanamientos fueron llevados a cabo en locales ubicados en las provincias de Salta, Jujuy, Mendoza, Chubut, Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Capital Federal.
Fuentes de la AFIP, confirmaron a Infoeme, que también se realizaron allanamientos en el local de entretenimiento que se encuentra en nuestra ciudad.
Según lo denunciado, la maniobra fraudulenta consistía en generar una empresa que explotaba un local determinado por el cual presentaban las declaraciones juradas de IVA, que pagaban el mínimo porcentaje del monto determinado, por lo cual acumularon una importante deuda.
Fuentes judiciales indicaron que se trata de una evasión superior a 160 millones de pesos y a pedido del organismo recaudador se embargaron 75 cuentas bancarias junto con todas las maquinas de juego. La misma maniobra era realizada con las cargas sociales de los empleados en relación de dependencia, al tiempo que tampoco cumplían con el pago del impuesto a las Ganancias.
De lo expuesto se desprende que los responsables de Sacoa, supuestamente, crearon más de 30 sociedades anónimas a lo largo de su historia e implementaba negocios en el exterior con ingresos que nunca fueron declarados.
Los denunciantes contaron que, una vez que la empresa alcanzaba una deuda millonaria, los responsables ponían en marcha una nueva sociedad a la cual le transferían el personal y, así, comenzaban a acumular deuda de IVA, aportes y contribuciones a la Seguridad Social.
Las órdenes de allanamiento solicitadas por el organismo que conduce Ricardo Echegaray, recayó en el Juzgado Federal N° 1 de Salta, a cargo de Julio Leonardo Bavio.
