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Por mayoría el Concejo Deliberante de Olavarría incorporó la figura contravencional de “ensuciar bienes” con la que se prohibirá “todo tipo de graffiti, pintada, mancha, garabato, escrito o inscripción” contra la propiedad pública o privada.
La norma faculta al Juzgado de Faltas Municipal a aplicar una sanción de multa o trabajo comunitario contra los autores de las pintadas no autorizadas o , en caso que estos sean menores, a sus padres o tutores, quienes deberán acompañar “un proceso educativo dirigido al menor”.
Estipula una multa de 2 a 10 salarios municipales o una sanción de uno a quince días de trabajo de utilidad pública que se agravará en caso de reincidencia (multas de 10 a 20 salarios o trabajos de utilidad pública de 15 a 25 días).
El proyecto fue presentado por la Presidencia del HCD tras innumerables reclamos de comerciantes y particulares que sufrieron pintadas o daños en sus propiedades.
A pesar de llegar al recinto con debate en comisiones y nutrirse del aporte de entidades como el Colegio de Abogados, el proyecto tuvo en la noche del jueves un intenso debate que derivó en modificaciones y en posturas contra la iniciativa de algunos de los bloques que consideraron “superficial” y meramente “punitiva” a la ordenanza.
El encargado de hacer la presentación fue el Presidente del HCD, Eduardo Rodríguez, quien explicó que el proyecto busca dar respuesta a un gran malestar de vecinos “por estos reiterados hechos que generar un gasto económico a los propietarios de los bienes y al Municipio” y que producen “una degradación visual a todo el paisaje urbano”.
Aclaró que quedan excluidos de sanción los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario o de la Municipalidad y que la comuna definirá “espacios públicos para la realización de graffitis o murales”.
Desde su mismo espacio, Marisel Cides, presidenta de la Comisión de Legislación, dio detalles técnicos y se refirió al trabajo previo y las consultas realizadas para que la norma sea “una verdadera herramienta de aplicación”.
Especificó que la propuesta se incorpora a la “Ordenanza 195/84 en su artículo 6 inciso B” y explicó que ante una pintada a su propiedad el vecino” podrá denunciar ante el Municipio o el Juzgado de Faltas” aunque también “el Estado podrá actuar de Oficio”.
Las mayores críticas al proyecto llegaron desde la concejal Florencia Juárez (Peronismo FPV) y el bloque del FPV.
Juárez manifestó que existen “intereses encontrados” entre quienes piden “salvaguardar su propiedad” y quienes desean ejercer “el ejercicio libre de expresarse en el espacio público”.
Expresó que el rol del Estado es el de “mediador” entre estos intereses y cuestionó que la postura del oficialismo sea “superficial” y meramente “punitiva o coercitiva” ya que los parámetros para definir “lo que es arte y lo que no son subjetivos”. Pese a su argumentación contra el espíritu del proyecto, su voto terminó a favor de la iniciativa.
En la misma línea, el concejal del FPV Federico Aguilera sostuvo que su espacio “no está de acuerdo en términos ideológicos” y consideró que la sanción al responsable no sirve “para repararle el daño al vecino”. Además cuestionó el uso de “las cámaras de seguridad” y el rol que cumplirán las fuerzas de seguridad para “encontrar graffiteros”.
Fernanda Araneo, de FAUnen se mostró a favor del proyecto pero cuestionó que el Ejecutivo “sea juez y parte” ya que de “modo ilegal” controla “el Juzgado de Faltas”.
Su par de bloque, Ernesto Cladera calificó como “una falta de respeto” a las pintadas y pidió que en monumentos públicos pintados que sean reparados no se use “la pintura verde del municipio” porque los monumentos “son de todos” dijo.
Desde el PJ, Juan Sánchez marcó algunas correcciones en el articulado del proyecto. Entre ellas propuso la inclusión de un registro de personas o instituciones que autoricen a hacer graffitis en sus propiedades.
Beneficiarios de Procrear
Un grupo de beneficiarios del plan ProCreAr se presentaron en el recinto y lograron ser atendidos por los concejales durante un cuarto intermedio.
En una improvisada ronda y con encendidos reclamos pidieron a los concejales “respuestas institucionales” ya que “la municipalidad no avanza con la instalación de la infraestructura de servicios” “porque plantea que ANSES no ha enviado el dinero” además de que “no ha presentado la nueva ordenanza al HCD para que aprueben las prórrogas” para la construcción, indicaron.
Los beneficiarios habían presentado horas antes una carta con sus demandas ante cada uno de los bloques y aceptaron la propuesta de los ediles de estudiar el pedido entre viernes y lunes y convocarlos en la próxima semana para brindarles una postura y una propuesta institucional.
Otros proyectos
Además se sancionó un proyecto de comunicación presentado por familiares de víctimas de siniestros viales – entre ellos familiares de Pablo Nardín- para que se instrumenten acciones de concientización y seguridad vial, un proyecto con el que se instituyó el nombre de “Profesor Javier Ouda” a un espacio público de Sierras Bayas , declarar de interés legislativo municipal la “Charla informátiva de ELA en Olavarría” y un proyecto para homenajear a deportistas locales con trayectoria.