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Los defensores de los cuatro represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en Monte Peloni fundamentaron este martes contra el pedido de Fiscalía de ampliar imputaciones.
Días atrás el fiscal Walter Romero solicitó al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata la ampliación de la imputación de los acusados de “delito continuado”, en relación al homicidio de Jorge Oscar Fernández y las desapariciones forzadas de Amelia Isabel Gutiérrez de Ledesma y su marido Juan Carlos Ledesma; Graciela Noemí Follini, su esposo Rubén Argentino Villeres y Alfredo Serafín Maccarini, pedido que en caso de prosperar agravará el monto de penas para los acusados: Ignacio Aníbal Verdura, Walter Jorge Grosse, Horacio Rubén Leites y Omar Antonio Ferreyra.
Este martes cada uno de los abogados defensores esgrimió diferentes planteos jurídicos para solicitar ante los jueces el rechazo de la ampliación a la que definieron como “improcedente” y que pone en riesgo las “garantías constitucionales”.
La audiencia se llevó a cabo ante la presencia de los integrantes del Ministerio Público Fiscal pero no de los representantes de la querella. Además asistieron los cuatros imputados; Omar “Pájaro” Ferreyra se retiró de la sala tras escuchar la argumentación de su abogado defensor.
La primera en exponer fue María Isabel Labattaglia, defensora oficial de Omar “Pájaro” Ferreyra.
Rechazó el pedido de ampliación “porque no hay elementos nuevos” dijo y señaló que “existen límites entre la etapa de la instrucción y la del juicio”. Consideró que el pedido del fiscal “vulnera el principio de congruencia” y advirtió “la falta de una imputación precisa y circunstanciada”. Calificó al pedido como “erróneo, vago e impreciso” y que afecta “las garantías constitucionales”.
En tanto, los defensores de José “Vikingo” Grosse, Gerardo Ibáñez y María Laura Olea calificaron el pedido de ampliación de la imputación como “improcedente”, “intempestivo” y “contradictorio”.
Ibáñez señaló que desde el inicio de la indagatoria “debe estar precisado el hecho” y planteó la existencia de “un abuso de la excepción del Código para introducir delitos que no constituyen la base de la imputación”.
En este sentido, diferenció el delito de “privación ilegítima de libertad” del de “tormentos” y fundamentalmente del “homicidio agravado”.
En esta línea, María Laura Olea citó jurisprudencia y habló de “una modificación de la base fáctica” por lo que pidió el rechazo de la ampliación de la imputación y la reserva para hacer un planteo ante la Cámara de Casación.
Finalmente los defensores de Leites, Pedro Mercado y Claudio Castaño denunciaron la “violación liminar del principio de congruencia” que modifica los “hechos para adecuarlos a una calificación gravísima” sostuvieron.
El polémico abogado Claudio Castaño se dirigió a los jueces y les dijo “están ante un momento histórico” donde “está en juego la vida y libertad de los imputados”.
Definió al pedido del fiscal Romero como “un salto al vacío” y dijo no sentirse sorprendido porque “es un golpe de timón del capitán del Titanic”.
Manifestó que ante el peligro de la República “se recurrió a Dios y al soldado y ahora que no hay peligro a Dios se lo olvida y el soldado es juzgado” esgrimió.
El Tribunal definió un cuarto intermedio hasta el jueves a las 09:00 donde decidirá si hace lugar o rechaza el pedido de ampliación de la imputación contra los exmilitares acusados.