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Luego de que un grupo de vecino del microcentro denunciara públicamente la “insoportable” convivencia con un Instituto Interdisciplinario de Salud Mental ubicado en calle Alsina, entre Sargento Cabral y Álvaro Barros, desde el Municipio notificaron que tomarán cartas en el asunto ante las autoridades competentes.
Mediante un comunicado de prensa, el Municipio hizo saber que “conforme al marco legal existente en territorio bonaerense en ningún momento el Departamento Ejecutivo Municipal tomó intervención en la habilitación de dicha clínica psiquiátrica, recayendo estas competencias en las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires”.
Luego de haberse hecho pública la situación, el secretario de Prevención y Atención Sanitaria Ramiro Borzi se reunió días atrás con los vecinos que han realizado el planteo público sobre los supuestos hechos que ocurren en dicha clínica.
En aquel encuentro, Borzi explicó a los vecinos que el control sobre dicho establecimiento de salud recae sobre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Región Sanitaria IX, con sede en la ciudad de Azul.
En este sentido se informó que más allá de no existir competencias municipales al respecto, el funcionario se comprometió ante los vecinos para vehiculizar y radicar la correspondiente denuncia ante las autoridades de la Región Sanitaria IX.
Con fecha 20 de enero de 2014 los vecinos formalizaron una presentación al titular de la cartera de salud del Municipio y éste será el encargado de hacer la correspondiente denuncia ante la Región Sanitaria IX.
Desde el área de Asuntos Legales se informó que el Decreto Provincial Nº 3280/90 en su Artículo 5 indica que “el Ministerio de Salud, como Autoridad de Aplicación, por medio de sus dependencias específicas, otorgará las habilitaciones sanitarias solicitadas y ejercerá de manera permanente sus facultades de fiscalización sobre la estructura edilicia, equipamientos y recursos humanos de los establecimientos que desarrollen las actividades comprendidas en el Decreto-Ley 7.314, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.”
Al mismo tiempo el Artículo 6 de dicha norma agrega: “la habilitación sanitaria de los establecimientos, su ampliación, modificación o cambios de categoría, o cambios en su propiedad, edificios, ambientes, instalaciones y la incorporación de servicios serán otorgadas por el ente fiscalizador, cuando se reúnan las condiciones que establece la reglamentación para cada caso en particular."
Teniendo en cuenta dicha norma desde el área de Asuntos Legales del Municipio se informó: “la Provincia ha reservado las facultades de habilitación, fiscalización y control de estos establecimientos, por lo que los Municipios carecen de competencia para controlar su funcionamiento.”
Por otra parte, el Municipio recordó que la ley nacional de Salud Mental 26.657, del año 2010, establece que “el Ministerio de Salud de la Nación es la Autoridad de Aplicación de la ley, debiendo incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto total de salud. Se promoverá que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio, y también promoverá en consulta con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y con la colaboración de las jurisdicciones, el desarrollo de estándares de habilitación y supervisión periódica de los servicios de salud mental públicos y privados.”
Teniendo en cuenta dicho marco legal, la Provincia de Buenos Aires tiene las facultades de habilitación y control, mientras que la administración nacional la potestad de supervisar el cumplimiento de standares mínimos en los establecimientos de salud mental.
Este jueves en horas de la mañana Ramiro Borzi presentará dicha denuncia a las autoridades de la Región Sanitaria IX.