El Gobierno firmará antes del próximo 10 de enero dos decretos de necesidad y urgencia; a través de ellos, suspenderá la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y pasará al mando de la Corte Suprema de Justicia el control de las escuchas judiciales.
Así lo anunció el ministro de Justicia, Germán Garavano, durante un brindis con periodistas que se celebró en la sede de dicha cartera, según informó la agencia DyN.
Además, insistió en que deberían "dar un paso al costado" aquellos "protagonistas" judiciales que "quedaron muy comprometidos" políticamente. Sin mencionar a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la incluyó en este pedido e invitó a otros a sumarse.