Carlos Alberto Moreno fue el abogado laboralista que patrocinaba a los trabajadores del cemento a principio de 1976 y desapareció la noche del 29 de abril de 1977 en la esquina de Dorrego y Lamadrid, en nuestra ciudad, a bordo de un Renault 12 color naranja.
Fue asesinado días más tarde en Tandil. Ya en marzo de 2012, en la sentencia condenatoria a los autores materiales del crimen, los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra ordenaron investigar al "directorio de la cementera" –presidida entonces por Amalia Lacroze de Fortabat- por las sospechas de haber "inducido" la desaparición y muerte de Moreno.
Matías Moreno, hijo del abogado y actual director nacional de Formación en Derechos Humanos indicó en varias oportunidades,"Está claro que a partir del secuestro y asesinato de mi padre, la empresa redujo los costos laborales, el monto destinado a indemnizaciones y, por otro lado, triplicó su patrimonio durante la última dictadura cívico militar. Está claro que el interés económico de estos grupos en ese tiempo era aumentar su tasa de ganancia, utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta para aglutinar a la fuerza de trabajo. Y ahora corresponde a la Justicia citar a todos los que en su momento tenían un cargo directivo en la empresa y a los que vox populi tenían injerencia".
LA NACIÓN COMO QUERELLANTE
Frases de este estilo se replican desde las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires al presentarse como querellantes contra la cementera, en la denuncia de las responsabilidades civiles durante los "años de plomo".
Amalia Lacroze de Fortabat murió en el momento en que su nombre comenzaba a repetirse en el juicio por el secuestro y asesinato en dictadura de Carlos Alberto Moreno.
JUICIO DE MONTE PELONI
¿Será quizás lo que se conoce como "Monte Peloni II" el juicio que venga a develar las complicidades de civiles para con la última Dictadura Militar en nuestra ciudad?. Quizás, se lleve adelante el próximo año -aún se desconoce dónde- como se anunció en el final del primero que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría y se condenó a cuatro torturadores, entre ellos, el ex-represor Omar "Pájaro" Ferreyra.