La Corte Suprema declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti , Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, la inconstitucionalidad del decreto presidencial que establece una deducción de los fondos coparticipables con las provincias.
Se trata del equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los tributos y de los recursos aduaneros cuya recaudación se encuentra a cargo de la AFIP.
El tribunal declaró que esos fondos deben ser compartidos con las provincias, y en consecuencia que debe devolverse dinero a las provincias de Santa Fe y San Luis por aplicación de ese decreto.
La Corte Suprema explicó que al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el presidente tenga la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables.
En ese marco, los magistrados consideraron que con una detracción de recursos sobre la masa coparticipabl se encuentra en juego una facultad que afecta el sistema federal en su conjunto.