La APDH se pronunció en el caso del padre e hijo condenados por abuso

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul y Olavarría se pronunció por la situación judicial de Guillermo Sosa y su padre Víctor Sosa, condenados en junio por abusar de tres menores, emparentados con el primero. “Los abusadores continúan con prisión domiciliaria, sin condena firme y con oficios que les otorgan beneficios de circulación para acceso a la salud y a la educación; beneficios que han derivado en encuentros con las víctimas, en la vía pública, en instituciones y sin custodia. Los derechos humanos son inalienables y el Estado debe garantizarlos en toda circunstancia”, dice el documento.

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Bajo el título de “Abuso sexual y actuación del Poder Judicial”, finalmente la APDH se pronunció por el caso de las tres mujeres abusadas por su padrastro (un de ellas es hija biológica del acusado) y el padre de este. Los hechos fueron denunciados en el año 2012. En junio de este año los acusados fueron condenados en un juicio abreviado a 8 años de prisión y gozan del beneficio de prisión domiciliaria.

Actualmente, el caso volvió a cobrar resonancia mediática a nivel nacional por la similitud de procedimiento judicial del de Rocío Girat, una joven abusada por su padre, suboficial de la Armada.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul y Olavarría emitió un comunicado al respecto:

“Guillermo Sosa y su padre Osvaldo Sosa fueron denunciados en febrero de 2012 por abuso sexual. Las denunciantes son la hija biológica de Guillermo Sosa y las dos hijas de su esposa al momento de los hechos. Posterior a la denuncia son detenidos y meses después se les otorgó prisión domiciliaria, Osvaldo por tener diabetes y Guillermo por ser sostén de familia.

En junio de 2014 las víctimas solicitaron información respecto a la causa en una de las fiscalías de la ciudad de Olavarría y allí les dijeron que se había realizado un juicio abreviado en el que los abusadores habían sido condenados a 8 años de prisión, sentencia que fue apelada por la defensa de los acusados.

Actualmente los abusadores continúan con prisión domiciliaria, sin condena firme y con oficios que les otorgan beneficios de circulación para acceso a la salud y a la educación; beneficios que han derivado en encuentros con las víctimas, en la vía pública, en instituciones y sin custodia. Los derechos humanos son inalienables y el Estado debe garantizarlos en toda circunstancia. La desidia de la justicia está en no analizar y alcanzar mecanismos para que el cumplimiento de los derechos de los acusados no continúe vulnerando el de las víctimas.

Las víctimas han sufrido una revictimización por parte del Estado en reiteradas oportunidades, desde el momento de la denuncia no han accedido a asistencia psicológica sostenida y también a lo largo del proceso judicial no han sido informadas correcta y claramente sobre la causa. La resolución por juicio abreviado impidió que ellas pudieran elegir declarar en un juicio oral, volviendo a desconocer sus derechos. No se las escuchó, ni se tuvo en cuenta su opinión.

Por todo esto las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos:
-Sentencia firme
-Cárcel Común
-Que las victimas no continúen siendo expuestas a la revictimización, que se les brinde asistencia psicológica y protección ante posibles acciones de los acusados o personas allegadas
-Que las autoridades correspondientes revisen los beneficios otorgados
-Evitar riesgos para con lxs niñxs y adolescentes que estén en contacto con los abusadores”

Finalmente, convocan a la concentración organizada por las víctimas que se realizará el lunes 27 de octubre en la Plaza Central a las 12:00.

Firman:
APDH Olavarría
APDH Azul
Programa Permanente de Estudios de la Mujer (PPEM) – FACSO – UNICEN
Estudios de Comunicación, Cultura y Género (ECCyGE) – FACSO – UNICEN
Miguel Mugueta (Vicepresidencia Consejo Escolar de Azul)
Socialistas para la Victoria (Azul)
Carlos Rodríguez – Integrante de CHESIDA/FACSO/UNICEN
Agrupación Ramón Carrillo del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina-UNICEN


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