Exclusivo: Confirman que la Justicia Federal intervendrá por la red local de robo de bebés

Para completar las aristas del caso presentado sobre la red local dedicada a la apropiación ilegal de bebés, Infoeme entrevistó al fiscal que intervino en la causa hasta el momento, Martín Pizzolo, quien brindó los detalles judiciales de la investigación y confirmó que el caso será remitido a la Justicia Federal.

Con la historia de Marta Balbuena, una investigación de Infoeme mostró, en exclusiva, el funcionamiento de una red local dedicada a la apropiación ilegal de bebes y la sustitución de identidades para su presunta comercialización.

A partir de la lucha de la mujer azuleña para encontrar a su hijo, con su denuncia le otorgó a la justicia una serie de elementos de prueba que dieron inicio a una investigación que pone en foco a los actores individuales e institucionales que hacían posible que este tipo de prácticas delictivas se llevaran a cabo.

Martín Pizzolo, el fiscal de esta causa, confirmó a este medio que remitió la investigación al Juzgado Federal, que es el organismo competente para este tipo de delitos.

"Como primera cuestión me atrevo a decir que es de las pocas causas que para uno resultan gratificantes. Uno está acostumbrado a investigar a gente que resulta víctima de un delito y tener que dejar a otra gente presa. En este caso puntualmente, en lo personal, es la primera vez que me pasa que puedo lograr que una mamá después de 34 años se pueda reencontrar con su hijo. Eso es lo primero y que saco como conclusión de lo más gratificante", destacó el fiscal.

Con respecto a la causa en sí, detalló que la señora en el año 2006 realizó una denuncia en Azul, "donde denunciaba una maniobra en la que ella había sido víctima de la sustracción de su hijo. Había tenido un embarazo, la trajeron a la ciudad de Olavarría y en la Clínica María Auxiliadora había tenido al bebé, que lo habrían vendido habiéndole manifestado que estaba muerto".

Pizzolo explicó que por error de una de las declaraciones de la causa inicial, al confundir el nombre de la clínica, se dejó el caso archivado y que "la señora después aportó más datos, que es cuando yo asumo como fiscal en la causa, y ahí se rectifica y dice que había sido en María Auxiliadora, entonces la primera medida que dispongo es que esa causa sea sacada del archivo y se continúe investigando".

El fiscal además destacó que al "llegar a buen puerto" con el análisis comparativo de ADN, que dio un 99% de compatibilidades, y recomponer el vínculo entre madre e hijo, "se siguió, obviamente, con las pesquisas investigativas, como mandar a pedir a María Auxiliadora una orden de presentación para que se entregue toda la documentación que había del año 1981, que fue cuando ocurrió esto".

"Llegamos a una instancia en la que como está comprobado el delito de falsificación de instrumento público, la apropiación indebida y otros delitos más, tenemos que remitirla a la Justicia Federal que es la que tiene la competencia originaria para esto y los medios necesarios para poder investigar y proseguir en este tipo de investigación", sostuvo.


Pizzolo

Una red dedicada a la apropiación de bebés

- En este caso hay una prueba irrefutable que es el ADN y la aparición de Sebastián. Es la primera vez que en este tipo de delitos, que se creían que se cometían en Olavarría en esa época, hay un dato certero que da vínculo y sitúa en un lugar y con nombres que se mencionan en la causa...

Hay una particularidad en esto que no es un caso menor. Hace tres años hicimos un allanamiento en un lugar donde se realizaban abortos clandestinos. Quien practicaba esos abortos era la mujer de Borzi, que ha sido un médico de acá, y donde casualmente ese mismo médico es el que firma el certificado de nacimiento y asistió en el parto al hijo de Balbuena. Todo está vinculado.

Acá había una red puntualmente y no solamente se realizaban abortos ya desde esa época, sino que también ahora con esto se puede determinar fehacientemente que había una red en donde, chicos de Azul eran traídos acá, se hacían asistir esos partos y después esos chicos eran vendidos a otro lugar.

Pizzolo sostuvo que "la tesón que ha tenido la madre, la señora Balbuena, que nunca ha desistido de buscar a su hijo, consiguió que hoy lleguemos a esto. Tenemos una prueba irrefutable, que fue lo primero que yo quise hacer para determinar y decir que es la prueba más fehaciente que puede haber porque hay un 99% de compatibilidades".

A una prueba documental se puede refutar en ciertas cuestiones, acá hay algo que es irrefutable. La sangre del chico es la sangre de la madre. El ADN es el mismo. Entonces el delito está acreditado y lo que denunció la señora tenía razón y después de tantos años luchando por fin se la escuchó.

- Cuando se habla de una red ¿se puede decir que había una red para cometer ese tipo de delitos?

"Si analizamos puntualmente esta causa tenemos una persona de Azul que previamente tuvo que haber generado un contacto para que a esta mujer la traigan oculta, la tengan en una clínica, que la asistan en un parto y la propia señora cuando declara dice que había enfermeras en connivencia. La tuvieron cautiva en este lugar, la tuvieron que llevar después a Azul, hubo otra gente que se llevó al bebé", manifestó Pizzolo.

Hay muchas personas, esto no lo hizo una persona sola

El fiscal también señaló que "siempre uno cuenta con un impedimento: quien denuncia, quien no denuncia, quien se anima a hablar. Acá hubo gente que se animó a hablar. Hay más testimonios que acreditan este hecho, son personas que declararon bajo identidad reservada".

- ¿Como sigue esto ahora?

El caso lo estoy remitiendo a la Justicia Federal de Azul, porque es el ámbito de competencia donde se habría gestado el delito, porque advierto varios delitos: falsificación de instrumento público, apropiación indebida, encubrimientos que puede llegar a haber, todos relacionados con la sustitución de identidad.

Ahora la Justicia Federal será la encargada de seguir. Nosotros ya hicimos la base fáctica en Fiscalía, acreditamos el vínculo de parentezco, los dichos de Balbuena están acreditados con un examen de ADN, con otros testimonios, con la recopilación de la mayor cantidad de pruebas y ellos seguirán investigando.

Pizzolo1

El puntapié inicial

Con la aparición de la historia de Marta, Infoeme pudo saber que quizás pueden existir casos de similares características que pongan al descubierto estas prácticas ilegales. Frente a esto, el fiscal Pizzolo destacó que por ley "cualquier persona que dude de su identidad y haya nacido en el periodo comprendido de la dictadura de facto tiene la posibilidad de acercarse a distintos lugares en donde se realiza el ADN de forma gratuita y se coteja con un banco de datos de las personas desaparecidas durante la dictadura".

También sostuvo que en este caso puntual no se dio esta circunstancia porque "si bien el médico actuante puede haber tenido relación o la persona que estaba con el médico, relación con la policía, no está dentro de los casos estipulados de cuestiones de facto".

Cuando uno tenga una duda tiene que ir a hacer la denuncia y el fiscal tiene la obligación de hacer y de tratar de vincular con análisis comparativo de ADN. Si da positivo, se establece el vínculo y que ese chico fue apropiado indebidamente. Y si no, se despeja la duda y se archiva la causa en todo caso.

Para finalizar, el fiscal Pizzolo señaló que cree que este caso no es un hecho aislado en la provincia de Buenos Aires porque "indefectiblemente lo tengo que relacionar con la causa del allanamiento. En esa causa habíamos podido determinar que no era solamente Olavarría, que se trabajaba con gente de la zona, de La Plata, de Las Flores, de Bolívar, de Tandil... Si esto lo trasladamos al año 1981, no tengo otro caso, pero porque no hay otra denuncia".

"Es poca la gente que ha tenido la entereza de la señora Balbuena y después de tanto tiempo no renunciar y venir a denunciar. Creo que esto es uno de varios casos que pueden haber ocurrido", sentenció.

Fuente:

Notas Relacionadas

Deja tu comentario