En medio de la polémica por un aparente cambio en la política de derechos humanos, el Gobierno anticipó que evalúa objetar ante la Justicia la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz, concedida el viernes pasado por el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata en dos causas.
"Estamos revisando el caso Etchecolatz y analizando toda la situación para ver qué se puede hacer", dijo a LA NACION el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Jefe de investigaciones de la policía bonaerense durante la dictadura, Etchecolatz, de 87 años, permanece detenido por mandato del juez federal Ernesto Kreplak, que lo investiga en otro expediente. Pero la decisión del tribunal oral encendió las luces de alarma de organismos de derechos humanos, que ayer volvieron a movilizarse frente a los tribunales de La Plata.
Otro sector ofreció una conferencia de prensa frente a la Secretaría de Derechos Humanos, que funciona en la ex ESMA, en la que se acusó al Gobierno de favorecer las decisiones judiciales favorables a los represores. "Los genocidas quieren que los juicios se vayan diluyendo y transitar las condenas en el living de su casa", dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, el kirchnerista José Cruz Campagnoli, y acusó al Gobierno de estar "alentando esta política, y dejar de apelar las prisiones domiciliarias es parte de ese plan".
En ese marco, Avruj desmintió que haya una orden del Gobierno para que los abogados de la Secretaría de Derechos no apelen más las prisiones domiciliarias en favor de los represores, como había trascendido la semana pasada.
El funcionario aclaró en ese sentido que la secretaría que él encabeza no puede recurrir esas decisiones porque el Código Procesal Penal sólo permite que lo hagan las fiscalías y no las querellas. De ahí, explicó Avruj, la dificultad para intervenir en el caso Etchecolatz.
La información fue corroborada por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, el fiscal Jorge Auat. "Jurídicamente, el Gobierno no puede apelar porque la ley no habilita al querellante a intervenir", explicó Auat. En efecto, el artículo 491 del Código Procesal indica que "la parte querellante no tendrá intervención" en los incidentes de ejecución de la pena.