El nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, se encontró con un escenario por demás sombrío en el instituto, con toda una red montada desde la misma dirección del PAMI para sortear los mecanismos de control, estando ahora en el centro de la investigación la connivencia entre algunos centros de salud y las ex autoridades de la entidad.
La nueva conducción tiene pensado realizar una auditoría para esclarecer qué es lo que se hizo con el dinero que el Estado baja para el organismo, para así poder establecer las responsabilidades del caso y que los culpables sean juzgados por la Justicia.
Desde el PRO dejan en claro que desde la dirección que conducía Luciano Di Césare se "dejó en funcionamiento una compleja red de corrupción para desarmar", destacando incluso que el ex interventor mantendría una "vinculación directa con muchas empresas" que serían conducidas por personas con lazo directo con el entonces funcionario K.
Di Cesare dejó deudas millonarias con proveedores, en su mayoría instituciones públicas, además de haber instaurado en el organismo una especie de "estado policíaco" en el que sólo valía su deseo, dejando de lado lo primordial que era la atención de los adultos mayores.
Con un sueldo que superaba los $120.000, Di Cesare se adjudicó el pago retroactivo de las vacaciones no gozadas por poco más de dos millones de pesos. La denuncia por supuesta defraudación contra la administración pública, fue porque Regazzoni encontró un recibo por liquidación de haberes a nombre del ex interventor por vacaciones que no se habría tomado durante los años que trabajó en el PAMI, recayendo la misma en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo.
Durante los 8 años de gobierno de Cristina Kirchner, fueron crecientes las denuncias que se efectuaron en la Justicia y en los medios de comunicación de cómo los funcionarios nacional tomaron fondos del organismo público.