El Juzgado de Faltas local dispuso una sanción de cinco días de trabajo comunitario en el marco de una causa por graffitis y pintadas.
La pena debe ser cumplimentada en una escuela pública a determinar, con una jornada de tres horas diarias.
Desde la dependencia a cargo de María Celia Alem se tomó como fundamento que los grafittis "se han convertido en un problema social que genera malestar en la ciudadanía y gastos a los propietarios en el mantenimiento de los inmuebles, y asimismo no solo devalúan el patrimonio publico o privado, sino que provocan una degradación visual del entorno que afecta la calidad de vida de la vecindad y sus visitantes".
La designación específica de las tareas a realizar así como la designación de la escuela, son efectuadas por la Subsecretaría de Cultura y Educación municipal.