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Juan Bernardo “Cebolla” Scheinsohn fue condenado a reclusión perpetua por el Tribunal Criminal Oral 1 de Azul al ser encontrado penalmente responsable del asesinato de Ana Del Zotto de Massolo (84) y la salvaje agresión contra Leticia Massolo- hija de la primera víctima- ocurrido en 2004.
El fallo se conoció este lunes a las 12:30 del mediodía por los jueces Marcelo Céspedes, Gustavo Borgui y Joaquín Duba por “Homicidio Calificado Criminis Causa, Homicidio Calificado Criminis Causa en grado de tentativa y Robo agravado por el uso de armas”.
“Cebolla” Scheinsohn, quien durante la jornada de alegatos se negó a declarar, no estuvo presente en la sala durante la lectura de la sentencia, al igual que su defensor oficial Samuel Berdensky.
El fiscal Luis Surget y el abogado de la familia, Javier Orsi durante los alegatos, habían solicitado prisión perpetua para el acusado por “Homicidio agravado en grado de tentativa y robo agravado en concurso real”.
En tanto, el defensor oficial Samuel Berdensky demandó durante los alegatos el cambio de carátula por considerar que se trató de un “homicidio en ocasión de robo” y había argumentado que cualquier condena a reclusión perpetua es “inconstitucional”.
Como expresa el fallo al que pudo acceder Infoeme los jueces consideraron que “el ataque por él desplegado – por Scheinsohn- por la cantidad y contundencia de golpes y estocadas que les aplicó a las víctimas, sumado al carácter de pariente y de haberse presentado a cara descubierta, tuvo como propósito innegable acabar con la vida de ambas” expresa.
“Juan Bernardo Scheinsohn castigó brutalmente a Ana Amalia del Zotto hasta que tuvo la evidencia de su muerte y la consecuente seguridad que no podría intentar nada para obstaculizar su objetivo de apoderamiento ilegítimo, procediendo de igual manera respecto de Leticia Lilia Massolo a quien también golpeó ferozmente y le aplicó varios puntazos, no logrando su objetivo de darle muerte por razones ajenas a su voluntad” continúa.
A su vez, el Tribunal cita jurisprudencia para rechazar el pedido de “inconstitucionalidad” de las penas de reclusión y de prisión perpetua solicitadas por la Defensa.